La mañana del miércoles ha entrado en vigor la reforma de la Ley de Morosidad. En la citada reforma se fija desde 2013 una rebaja a 60 días del plazo de los pagos entre empresas y a 30 días de los que tiene que hacer a éstas la Administración.
La nueva ley establece un período transitorio para que la Administración Pública española reduzca el plazo de pago a las empresas: a 55 días desde su entrada en vigor; a 50 días desde el 1 de enero de 2011; a 40 días en 2012, y a 30 días en 2013
El sector privado, por su parte, deberá pagar en 85 días desde la entrada en vigor de la reforma; en 75 días a partir de enero de 2012, y en 60 días a partir de enero de 2013. Las demoras de pago de productos de alimentación frescos y perecederos no excederán en ningún caso los 30 días.